Columna, publicada el 28 de agosto de 2025 en El País
Ricardo Valenzuela examina cómo la industria de la gestión patrimonial —compuesta por abogados, family offices y asesores financieros— ha desarrollado una compleja arquitectura legal que permite a las élites conservar y transferir su riqueza minimizando sus contribuciones fiscales. A través de prácticas como la dilución patrimonial y estructuras offshore, esta industria no solo evade el sistema tributario, sino que también limita la capacidad del Estado para financiar bienes públicos esenciales, socavando así los principios de equidad y solidaridad sobre los que se sustenta la democracia.
Valenzuela advierte que esta infraestructura no opera al margen del sistema, sino que está profundamente integrada en él, legitimada por narrativas profesionales y sociales que normalizan la elusión fiscal como una práctica racional y aceptable. Ante este escenario, propone una mirada sistémica que permita entender las conexiones entre las estructuras legales, los actores profesionales y las ideas que sostienen esta arquitectura, como base para avanzar hacia un pacto fiscal más justo y una democracia más robusta.